Propuestas de Patricio Crespo, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O´Higgins, para gestionar los acuíferos y las extracciones, legales e ilegales.

“50% DE LOS POZOS QUE REALMENTE EXISTEN SON ILEGALES O NO ESTÁN INSCRITOS”

La Federación es una organización única en su tipo en Chile. Su presidente, Patricio Crespo Ureta, explica los fundamentos que la motivaron, sus propuestas ante la sequía y la situación de los ríos de la región. Como las juntas de vigilancia se harán cargo de las comunidades de aguas subterráneas, nos explica su propuesta para gestionar los acuíferos y las extracciones, legales e ilegales.

Extractado de artículo publicado la pasada edición de la revista especializada en cerezo PEC MAGAZINE

Patricio Crespo se presenta como Chepicano, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura por más de dos períodos, actual presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O´Higgins y de la Junta de Vigilancias del Estero Chimbarongo, ha estado por más de 40 años vinculado a directorios de organizaciones de usuarios del agua, en principio como presidente de dos canales de riego de la zona. El canal Comunidad, que nace en la zona de Auquinco y el canal Población, que nace en Cunaco, Santa Cruz, y riega hasta Marchihue.

A principios de los años 70’, por problemas de salud de su padre, debió postergar sus estudios universitarios para encargarse de los negocios de su familia. Al poco tiempo se generó su largo vínculo con el agua de riego. “El canal Comunidad, del que provengo de origen, tenía una bocatoma muy compleja, que obligaba a levantar el agua un metro para verterla en el canal y había que rehacerla todos los años. Con mi gente del campo logramos solucionar el problema en un momento en que ya se había escapado de las manos de la dirigencia (…) Fui el tonto que se puso al arco y ya no me soltaron nunca más”, recuerda Crespo con humor campechano. Así comenzó su largo período como director y presidente de organizaciones de regantes.

Un resumen de su carrera político gremial es que a los 21 años fue elegido regidor (los concejales de hoy) y luego fue alcalde de Chépica. Director de la SNA en 1991, dos años más tarde, designado primer vicepresidente del gremio, cargo que ejerció por dos periodos y que retomó durante el ejercicio 2009. En enero de 2012, el entonces presidente de la SNA, Luis Mayol, es nombrado ministro de Agricultura y designa a Crespo como su reemplazante en la SNA. En abril de 2013 Crespo fue confirmado en el cargo por otros dos años, para ser reelegido en 2015 (5 años en total). “Recién ahí pude liberarme de la etapa gremial”, dice, “pero del agua nunca me he podido liberar”, bromea (supongo).

Patricio Crespo, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O´Higgins y de la Junta de Vigilancias del Estero Chimbarongo

Como empresario agrícola cultiva principalmente ciruelas para deshidratado y vides para vino. “Como productor tengo bastante ciruelo europeo y estoy asociado a Goodvalley, una industria en la producimos la materia prima, secamos en túneles, hacemos un tratamiento de tiernizado, proceso de despepitado y exportamos a diferentes países, pero principalmente a Europa. Abastecemos a empresas de alimentos para niños que requieren un tratamiento muy especial de la fruta, proceso que único en su tipo en Chile y que nadie más en el mundo se los da”, explica Crespo.

LA ÚNICA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE VIGILANCIA DE CHILE

La de O’Higgins, constituida desde 2005, es todavía la única federación de juntas de vigilancia en Chile, aunque hay una en proceso de constitución para los ríos de la región del Maule.

-Siendo que hoy es la única Federación y siendo que incluso hay ríos que se administran por secciones, ¿cuáles son los fundamentos de una federación de juntas de vigilancia? ¿Por qué se creó la de O’Higgins?

-Creo que fuimos más visionarios. No podemos incidir en que haya ríos seccionados como, en nuestro caso, el Cachapoal, que tiene tres secciones y que en los últimos años ha comenzado a tener problemas entre las secciones. Lo que ocurre es que en esta región tenemos embalses concesionados, tenemos que relacionarnos con empresas hidroeléctricas y con empresas mineras… Por ejemplo, Codelco es un actor incidente en el Cachapoal y en torno a la minera han ido desarrollándose actividades hidroeléctricas, además de las que tiene la misma minera. En el río Tinguiririca se instalaron varias centrales hidroeléctricas, cuya relación con los regantes no ha sido simple. Llegamos a la conclusión de que teníamos que actuar con más cercanía y compartir nuestras experiencias.

-Y juntar espaldas para enfrentarse a peces grandes…

-Más que para juntar espaldas es para aunar criterios y colaborarnos. Por ejemplo, el estero Chimbarongo, del que soy presidente, es uno de los más pobres de la cuenca del río Rapel, en el sentido de que existe prácticamente gracias a derrames, razón por la que se construyó el embalse Convento Viejo, pero en un entorno en que también hay ríos que son ricos. Entonces, las experiencias de cada uno son muy valiosas. Los ríos ricos, como el Cachapoal y el Tinguiririca, hace poco que empezaron a pasar ‘pellejerías’. El Chimbarongo, que es el cauce más al sur de la región, tuvo que desarrollarse antes. Instalamos monitoreo y control de distribución de agua y telemetría, hemos tenido que abordar la convivencia con la Concesionaria del embalse Convento Viejo, que no ha sido fácil.

-¿Cuáles han sido los principales logros de la Federación?

-El primer logro ha sido comenzar a tener un lenguaje común. Los cauces más pobres en agua hemos compartido nuestras experiencias con los más ricos, porque los más ricos eran los más atrasados, ya que cuando se tiene suficiente agua el esfuerzo que se hace para mantener el sistema funcionando es mínimo. Incluso logramos postergar las aspiraciones de algunos, que estaban más adelantados, para permitir el acceso a recursos públicos a otros que estaban más atrasados. Lo que generó un ambiente de cooperación. Además, logramos difundir y convencer de los beneficios del control a distancia en la distribución de agua. De hecho, nos piden mediar en conflictos entre usuarios, como pasó hace poco, en que me pidieron hacer de mediador en un conflicto en el río Cachapoal. Son escenarios de confianza que se van generando en un proceso que me parece muy beneficioso y que nos ha servido mucho.

-¿En las juntas de vigilancia de la región participan usuarios que no son regantes?   

-En la primera sección del Cachapoal hay integrados derechos y participan en el directorio de la junta, tanto Codelco como las hidroeléctricas de la zona. Así mismo, en la Junta de Vigilancia del Tinguiririca, se integraron las generadoras de electricidad de ese río, pese a que son derechos no consuntivos y que no afectan mayormente al riego ya que los toman y los dejan pasar.

-¿En las organizaciones de la Federación hay conflictos entre los diferentes usos?

-Al principio los hubo en el Tinguiririca porque, a falta de prestancia de los usuarios de aguas abajo, las generadoras comenzaron a hacer uso consuntivo de derechos de agua no consuntivos. En sectores altos tenían embalses que llenaban durante el día para generar durante las horas punta. Soltaban los ‘pencazos’ de agua en la tarde. Eso es claramente ilegal, pero tuvimos que llegar a la Corte Suprema para terminar con esas prácticas. Sin embargo, se terminó, recularon, se incorporaron al directorio y ahora nos ponemos de acuerdo. Pero, cuando no hay fortaleza en las organizaciones, quién se atreve a ir contra esas grandes empresas, que disponen de buenos asesores y abogados. Eso requiere de perseverancia y liderazgo. El interesado debió hacer la gestión, pero nosotros los apoyamos en diferentes instancias.

UNA ‘LEY DEL MONO’ PARA LOS POZOS CLANDESTINOS

“En el largo plazo, lo que hemos planteado al gobierno, es que tenemos que hacer un levantamiento profesional y acabado de nuestros acuíferos. En la actualidad se dispone de tecnología que permite estudiar y dimensionar los acuíferos mediante imágenes satelitales. Se habla mucho del agua desalada, pero el costo es inalcanzable para la agricultura. Los volúmenes de agua que requerimos no son compatibles con la desalación”, asegura Crespo.

-¿Cuál es la situación de los acuíferos de la región de O´Higgins?

-Desde el punto de vista legal están cerrados o están restringidos. Sin embargo, para regar nuestros frutales también usamos agua subterránea y podemos regar 24 horas con los pozos y no baja un centímetro el nivel estático ni el dinámico.

-¿Es decir que no estás de acuerdo con el cierre de los acuíferos?

-En tanto que la decisión se toma a ciegas, podrán tener algún nivel de razón porque estarán evitando que alguna gente se vea perjudicada y porque antes de darle derechos a otros, tienen que partir por entregarle el agua a los derechos ya otorgados. Sin embargo, si cualquiera usuario reclama, como no conocemos los acuíferos, los sectores, los subacuíferos, ni se hace ningún tipo de distinción, la autoridad cierra todo un acuífero y, más encima, después va y rematan derechos. No sabemos dónde se recargan los acuíferos, no sabemos cuánta agua contienen. Si se observan los informes de la DGA, la mayoría de los acuíferos mantienen sus niveles en el tiempo o algunos bajan un poco en verano y se recuperan en invierno. Pero, pese a que no bajan, seguimos con la idea de que no hay más agua disponible debajo del suelo.

-¿Los derechos de explotación de agua subterránea en la región están, en general, regularizados?

-Tengo la impresión de que, tanto en la región como en el resto de Chile, cerca del 50% de los pozos que realmente existen son ilegales o, al menos, no están inscritos. Cada productor o empresario que ha hecho un pozo para pedir los derechos de explotación y no se los otorgan, igualmente el pozo queda andando. Como la Dirección General de Aguas (DGA) tiene dos inspectores para toda la región de O´Higgins, esos pozos se mantienen eternamente. Como es importante sincerar la situación, en la Junta (del Chimbarongo) contratamos una persona para hacernos cargo de todo el acuífero Tinguiririca superior. Entonces, estamos llegando a acuerdos con la Junta del Tinguiririca y con la Junta del estero Las Toscas, y si bien tenemos la responsabilidad de acoger en nuestra Junta todas las extracciones de aguas subterráneas, partiendo por las legales, ellos nos van a tener que ayudar con la gestión de cobranza en sus territorios. Hoy la discusión con la DGA es sobre los aforos de los pozos y si se informa directo a la DGA. Lo lógico sería que también nos informaran a nosotros para cuando un usuario de aguas subterráneas se esté pasando de los caudales autorizados, poder controlarlo, porque no va a venir la DGA con sus dos funcionarios a controlar.

-Entonces, ¿ustedes van a actuar como comunidad de aguas subterráneas?

-Tenemos que hacerlo, la reforma al Código de Aguas viene en esos términos. Los usuarios de aguas subterráneas vamos a tener que conformar las comunidades de aguas subterráneas (CASUB). Pero como la cuenca es una unidad en que las aguas superficiales están vinculadas con las aguas subterráneas, las Juntas de Vigilancia de los ríos van a tener que acoger a las comunidades de aguas subterráneas en las zonas que estén bajo su jurisdicción.

-¿Se van a unificar las acciones de aguas superficiales con las de aguas subterráneas?

-No, porque tienen otro tratamiento. Las superficiales son alícuotas, o sea, son cuotas que oscilan según el caudal del río o estero. Las otras son valores fijos que van a tener que adecuarse en la medida en que baje la dotación del acuífero. Eso puede incluso llegar a una intervención si hay zonas en que los pozos no están alcanzando el caudal que corresponde o hay zonas donde se están deprimiendo los niveles en un área de un acuífero común, se va a tener que restringir a aquellos que se están sobredotando respecto de aquellos que están siendo perjudicados, hasta alcanzar un equilibrio. En definitiva, las aguas subterráneas también van a funcionar como cuotas, teniendo como referencia el máximo autorizado.

-¿Ustedes serán los encargados de perseguir las extracciones ilegales?

-En ese sentido, una vez que se transparente, estoy proponiendo ofrecer una ‘ley del mono’ para quienes hayan estado usufructuando, pero sin haber ejercido violencia, sin mayor clandestinidad y sin afectar a terceros. Por lo general esos pozos no inscritos se construyeron cuando estaba abierto el acuífero o estaba solo restringido. Entonces, el regante perforó el pozo, puso la bomba, salió el agua, puso el aforador, o sea, hizo toda la inversión, pidió el derecho y nadie le contestó. Así están amontonadas miles de solicitudes. A esos pozos yo prefiero sanearlos por la vía de integrarlos, reconocerle los derechos, pero que se sometan a la ley. En mi zona hay pozos por todos lados, de gente que ha incurrido en la inversión y que incluso ha obtenido la bonificación de la Ley de Riego que entrega la CNR (con derechos en trámite).

-¿Sería un derecho de explotación del mismo nivel de los derechos ya otorgados y legalmente inscritos?

-En la medida en que no hayan afectado a nadie y que el agua exista, por qué se va a hacer diferencia, si son ciudadanos con igualdad de derechos. El problema se generó porque el estado no le quiso reconocer los derechos por desidia, por falta de capacidad, por temor, pero si no afecta ni ha afectado a nadie y el agua está, por qué no reconocerlos. El asunto es que se formalice, que no sigan en la clandestinidad, porque eso es lo peor que puede pasar. Cualquier empresario que apuesta por invertir en una plantación de frutales, que ve que la oferta hídrica natural viene declinando, no se arriesga a plantar sin tener un respaldo para la contingencia y no se debe arriesgar. En mi caso, antes de comenzar a plantar, para no depender solo del agua del estero, construí pozos.

“En esta zona, para estar dispuesto a arriesgar entre US$30.000 y 40.000 por hectárea en un proyecto de frutales, el productor no solo se asegura de ser eficiente en el uso del agua superficial, sino que, además, se asegura de tener agua subterránea. Yo no habría plantado la superficie que tengo de frutales sino tuviera respaldo de aguas subterráneas”, afirma el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O’Higgins.